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Enterrado en Marruecos el primer inmigrante de los 23 fallecidos

Se trata de un sudanés que ha sido plenamente identificado por sus familiares

Ha sido enterrado en Nador el primero de los 23 inmigrantes fallecidos en el asalto masivo del 24 de junio del año pasado en vallado de Melilla, según informa la prensa local, que cita a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). Las muertes  se produjeron en territorio marroquí fruto de una avalancha y la actuación de las Fuerzas de Seguridad españolas, según una investigación de la Fiscalía, fue la correcta en términos generales.

Según la ONG, el fallecido (AB) -de nacionalidad sudanesa- fue enterrado en el cementerio Salem en Nador, tras haber cumplido los trámites judiciales y administrativos necesarios y su identificación por miembros de su familia que estaban presentes. El entierro se produjo tras la realización de la oración fúnebre en una mezquita de la ciudad marroquí.

La tragedia ocurrió cuando  alrededor de 2.000 migrantes, en su mayoría refugiados sudaneses, intentaron acceder de forma irregular al puesto fronterizo del Barrio Chino en Melilla, causando 23 emigrantes muertos y cientos de heridos  entre migrantes y agentes españoles y marroquíes. Asimismo, se produjeros numerosos heridos entre los agentes de las Fuerzas de Seguridad españolas y marroquíes.

Como consecuencia de estos hechos, los tribunales del vecino país han tramitado diversas causas contra los inmigrantes a los que se hya podido demostrar que agredieron a los agentes, procesos que han terminado con fuertes condenas. De lado español, no se ha abierto ninguna causa y fue una de las razones, entre otras, del cese de la Guardia Civil de la comandancia melillense, Jesús Vicente Torresano, al solicitar que si se expedientaba a los agentes se hiciera lo propio con los inmigrantes agresores.

Pese a la polémica inicial, con la intervención de medios de prensa extranjeros, el asunto quedó archivado. Se produjeron unos 400 rechazos en la frontera, una figura legalmente admitida, lo que conllevó protestas a nivel de ONG y una investigación del Defensor del Pueblo. De hecho, fue uno de los puntos que, al no ser modificado,  condicionó que la Ley de Seguridad Ciudadana no salga adelante en esta legislatura.

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