Una coalición de derechos humanos acusa al Frente Polisario y a Argelia de cometer crímenes de desaparición forzada en Tinduf.
La Coalición de ONG Saharauis acusó al Frente Polisario de abusos sistemáticos, asesinatos, torturas y desapariciones forzadas contra saharauis en los campamentos de Tinduf, y responsabilizó a los sucesivos gobiernos argelinos de proteger a la organización y encubrir sus «crímenes», que calificó de graves.
La coalición formuló estas acusaciones en un comunicado emitido con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra el 30 de agosto de cada año. Mediante este comunicado, la coalición buscó sumarse a los esfuerzos internacionales para abordar este problema y su impacto en las víctimas y las comunidades.
La declaración expresó la profunda preocupación de la coalición por «el creciente uso de desapariciones forzadas en la región africana como medio para disuadir las voces que anhelan libertad y democracia», señalando que estas prácticas no disminuirán mientras persista la exclusión del estado de derecho y la ausencia de asistencia efectiva a las víctimas.
La misma fuente señaló la falta de voluntad política de muchos países africanos, como Argelia, Sudáfrica, Botswana, Etiopía, Namibia y Zimbabwe, para adoptar y ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, argumentando que algunos regímenes políticos han comenzado a adoptar esas prácticas como método de gobernanza.
La coalición de derechos humanos enfatizó que el recurso del Frente Polisario a estas violaciones tiene como objetivo «impedirles expresar sus aspiraciones de regresar al Sáhara y vivir en su tierra y con sus familias en condiciones de seguridad, estabilidad y dignidad». Afirmó que la protección continua de la organización por parte de Argelia requiere esfuerzos concertados para enfrentar estas graves violaciones.
La coalición de ONG emitió una serie de recomendaciones para abordar lo que describió como «el horror de la catástrofe y la continua impunidad de los violadores», pidiendo alentar a Argelia a ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, permitir que se abra el caso de represión política y persecución y exponer la verdad sobre las violaciones.
La declaración insta a las autoridades argelinas a fortalecer la cooperación con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, permitir las visitas al país, en particular del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y garantizar el acceso sin trabas a todas las zonas que desee visitar, incluidos los campamentos saharauis en Tinduf.
La coalición también recomendó que se permita a las organizaciones internacionales de derechos humanos investigar los casos de desaparición forzada en Argelia o en los campamentos de Tinduf y colaborar con sus observaciones, para ayudar a descubrir la verdad y fortalecer las garantías de no repetición de las violaciones.
El documento enfatizó la importancia de descubrir las graves violaciones cometidas en los campamentos de Tinduf desde 1975, monitorear y documentar los casos de desaparición forzada y sancionar a los responsables. También destacó la importancia de otorgar a las víctimas y sus familias el derecho a un estatus legal y a una tarjeta de refugiado que les garantice protección y personalidad jurídica.
En un caso específico, la declaración pidió revelar la verdad sobre la desaparición de Khalil Ahmed Ibrih, las circunstancias y razones detrás de su desaparición en Argel, identificar su paradero, indemnizar a su familia y procesar a los responsables de su desaparición dentro de la dirección del Polisario y las instituciones de seguridad argelinas.
La coalición concluyó su declaración enfatizando la necesidad de concienciar sobre los peligros de la desaparición forzada y sus efectos devastadores en la cohesión comunitaria. Instó a denunciar estas violaciones, apoyar a las familias de las víctimas y visibilizar su sufrimiento para fortalecer su resiliencia y participación en los esfuerzos internacionales para combatir este fenómeno, especialmente en zonas controladas por actores no estatales.
